La conversación gira hacia Topolobampo.
Ya no hablamos de nostalgia, sino de una disputa ambiental, territorial y económica que involucra a comunidades indígenas, pescadores, organizaciones civiles, autoridades y una empresa petroquímica.
Julieta cuenta su preocupación por la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en el entorno de la bahía de Ohuira. Habla del colectivo ¡Aquí No!, de pescadores y de familias mayo-yoreme que conoce desde la infancia y que hoy aparecen en protestas y reuniones públicas. Su versión recoge las críticas y denuncias que ha escuchado desde comunidades cercanas a los lugares donde vivió.
Lo que le resulta más doloroso es reconocer personas que conoció hace años y verlas ahora defender el territorio donde crecieron y del que todavía dependen.
El lugar no es una costa desocupada esperando un proyecto industrial.
El complejo Lagunas de Santa María–Topolobampo–Ohuira está inscrito desde el 2 de febrero de 2009 como humedal de importancia internacional bajo la Convención de Ramsar. La lista de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) confirma 22,500 hectáreas y su localización en Ahome; la ficha del sitio Ramsar describe el sistema lagunar y sus funciones ecológicas.8
Julieta habla de los posibles efectos de la construcción y la operación industrial sobre los manglares, el agua y las especies que sostienen la pesca. Menciona también a Pechocho, un delfín que se ha vuelto símbolo popular de la bahía.
La discusión no debe reducirse a salvar al animal que resulta más simpático para una campaña.
Un estuario es una red de relaciones: salinidad, circulación de agua, reproducción de peces, manglares, crustáceos, aves, pesca, comunidades.
Hay un antecedente jurídico relevante: en abril de 2022 (comunicado 124/2022, del 7 de abril), la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo para que se realizara la consulta previa, libre e informada a integrantes de una comunidad mayo-yoreme frente al proyecto. Se trata de una resolución sobre participación indígena; no equivale, por sí sola, a declarar técnica o ambientalmente inviable toda la planta.9 Después hubo otras resoluciones: según La Jornada, un juez federal avaló en 2024 el procedimiento de consulta y la empresa reanudó la construcción, y el 3 de junio de 2026 un juzgado de Los Mochis desechó el amparo de la comunidad de Paredones.10
La dimensión industrial exige otra distinción. En la conversación discutimos el origen del amoniaco y posibles alternativas. La Agencia Internacional de Energía documenta que la producción de amoniaco depende casi por completo de combustibles fósiles —poco más de 70 % por reformado de gas natural y buena parte del resto por gasificación de carbón— y que existen rutas tecnológicas para reducir sus emisiones, como la electrólisis o la captura de carbono, aunque hoy son una fracción mínima de la producción y más costosas.11 Esas rutas no resuelven por sí mismas la discusión sobre la planta, y el compostaje no sustituye químicamente toda la producción de amoniaco. El debate requiere comparar procesos y sus impactos reales, no asumir equivalencias.
Tampoco conviene convertir todas las acusaciones expresadas durante una conversación en conclusiones técnicas verificadas. Las denuncias sobre daños, consulta y riesgos futuros tienen que distinguirse de lo que ya está documentado. La empresa y dependencias federales han defendido aspectos del proyecto; organizaciones ambientales y comunidades mantienen objeciones. La Semarnat informó, en un comunicado publicado el 21 de junio de 2026, que la autorización ambiental está sujeta a condicionantes obligatorias y a medidas de vigilancia; esa afirmación institucional no equivale a probar que todos los impactos estén resueltos.12 El 17 de julio de 2026, Gobernación instaló la primera mesa de diálogo e información, con representantes de comunidades, pueblos indígenas, colectivos, organizaciones, academia y la empresa; su calendario abordaba proyectos productivos, beneficios agrícolas, las condiciones ambientales de la bahía y las autorizaciones y obligaciones ambientales.13
Lo importante para esta lectura no es resolver en tres párrafos un litigio ambiental complejo.
Es reconocer lo que una misma bahía representa para actores diferentes.
Para unos, inversión e infraestructura.
Para otros, un territorio de vida, trabajo y pertenencia.
Y para la ecología, un sistema que no entiende de títulos de propiedad.